Modelo Económico Venezolano  Con Base Constitucional

 

Art. 299: Declara un modelo económico de justicia social, productividad y desarrollo sustentable. El Estado debe regular, planificar y promover la actividad económica para lograr un desarrollo humano integral.

Art. 301: Protege la soberanía económica frente a capitales extranjeros.

Art 302: Establece la reserva al Estado de la actividad petrolera, lo cual condiciona significativamente la fuente principal de ingresos del país.

Art 311: Impone la obligación de manejar las finanzas públicas con responsabilidad y establece la unidad del Tesoro Nacional.

Art 316: Define los principios del sistema tributario: legalidad, equidad, justicia, capacidad contributiva y eficiencia recaudatoria.

 

¿Cómo Influye Este Modelo En La Generación De Recursos Públicos?

1. Alta Dependencia De La Renta Petrolera

El modelo económico venezolano está históricamente basado en la renta petrolera, lo que significa que gran parte del financiamiento estatal proviene de la explotación de hidrocarburos, reservada al Estado por el artículo 302.



2. Tributación Con Función Redistributiva

El Código Orgánico Tributario (COT), en armonía con la Constitución, estructura el sistema tributario como un medio de distribución de la riqueza. Sin embargo, en la práctica, la eficiencia recaudatoria y la justicia fiscal se ven afectadas por la inflación, la evasión y la informalidad económica.

3. Participación Estatal En Sectores Estratégicos

La CRBV permite al Estado ser empresario en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, alimentos, transporte y minería (Art. 112 y 302). Esto permite generar ingresos patrimoniales (no tributarios), aunque su eficiencia depende de la gestión pública.

4. Influencia Del Sistema Político Y Social

El modelo político venezolano, de corte centralista con fuerte protagonismo estatal, se refleja en la concentración de competencias económicas y tributarias en el Ejecutivo Nacional.

Además, el sistema de subsidios sociales, las misiones y la política de precios controlados han limitado la capacidad del Estado para captar ingresos directamente de la actividad económica interna, sin sacrificar objetivos de justicia social.

 

 

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